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La Autonomía del IFE, se Desdibujo y Corrompió con el INE

Martes, 25 de Julio de 2017 00:12 administrador
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E d i t o r i a l

La Autonomía del IFE, se Desdibujo y Corrompió con el INE

En perspectiva, uno de los mayores logros ha sido erigir una institucionalidad para dirimir civilizadamente la competencia por el poder a través del voto. El tránsito hacia autoridades electorales independientes ha sido un proceso gradual y consistente con  la creación del IFE y en forma consecutiva de los personajes que presidieron el organismo  desde su creación en 1996 órgano encabezado por José Woldenberg y que estuvo al frente del organismo hasta 2003, le sucedió Luis Carlos Ugalde, quien presidio el órgano electoral hasta 2007, fecha en que llego al cargo Andrés Albo Márquez, quien lo presidio hasta el 2008, siendo el último en la modalidad del IFE Leonardo Valdés Zurita.

Hasta ahí este paso significativo que le  autonomía plena al IFE  significó  un aprendizaje exitoso, ya que  el arribo del gobierno dividido en 1997 y la alternancia en la presidencia en 2000, fueron eventos que mostraron la confiabilidad de los órganos electorales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) heredo las virtudes  ejemplares de su antecesor, pero las debilidades con que empezó a operar, el desprestigio del hombre que lo preside que dio cuenta del poco criterio con el que manejaría el organismo electoral ha dado al traste con el prestigio heredado y ha minado la confianza del lectoral, situación que no es  menor, y esto tiene una explicación, ya que las reglas con las que opera las aprueban los partidos políticos y esto significa que no siempre está presente el interés público o ciudadano, sino el resultado un tanto complejo de las negociaciones entre competidores o la  sospecha de que el gobierno da la línea en sus decisiones, lo que ha minado la institucionalidad del INE

Uno de los problemas de la institucionalidad vigente resulta del desenlace de las elecciones de 2006, con un resultado muy cerrado entre el candidato del gobierno, Felipe Calderón y el opositor Andrés Manuel López Obrador. Al igual que las elecciones presidenciales de 1988 que dio lugar al IFE y a una justicia electoral especial, las de 2006 crearon un modelo comunicacional restrictivo de las libertades, además de un esquema excesivo e invasivo de publicidad partidaria fundado en promocionales en radio y Tv a cargo de los tiempos del Estado.

Otro efecto de la reforma de 2007 fue que el haber removido a la totalidad del Consejo General, con lo que quedó en entredicho la inamovilidad de los consejeros a manera de asegurarles libertad respecto de los partidos.

En la reforma sucesiva, en el marco del Pacto por México, se dio un paso más hacia la centralización de las elecciones, que fue una exigencia de Acción Nacional.

Ahora, la fiscalización de toda elección está a cargo del INE, a lo que se suma el registro electoral, pero la organización de los comicios tiene lugar por los órganos electorales locales bajo un esquema de discrecionalidad del INE, que lo mismo puede realizar determinadas funciones que organizar la totalidad del proceso.

 

En lo que va de vigencia de la última reforma el sistema muestra insuficiencias preocupantes,  el INE está bajo fuego algunas veces por actos y omisiones propias, otras  por lo que ocurre en elecciones locales a cargo de autoridades locales, pero aquí se crea un bodrio legal y deja en   claro que la autoridad que organiza las elecciones requiere de la participación y colaboración de los partidos y ciudadanos; sin embargo, si esta misma autoridad es también instancia de sanción para los partidos, medios de comunicación y ciudadanos, es inevitable que esté bajo crítica de las partes afectadas y al colocarse ante el escrutinio del electorado, ahora se piensa en que los Consejeros Electorales y el propio INE ya no son confiables, ha perdido prestigio, confianza y presencia por lo que debe  renovarse o morir

 

Alarma Aumento de Adicciones en Infantes y Adolescentes

Martes, 25 de Julio de 2017 00:10 administrador
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*Alarma Aumento de Adicciones en Infantes y Adolescentes

*Discriminados, 50 de Cada 100 Niños en México

Argonmexico / Mientras unos quieren vía libre… La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (Encode), advierte que entre los alumnos de secundaria y bachillerato, 7.6 por ciento de los varones y 5.8 de las mujeres han consumido drogas ilícitas con frecuencia (en los últimos 30 días); y 18.6 por ciento en hombres y 15.9 de cada 100 mujeres han usado alguna droga alguna vez en la vida.

La presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas, Leticia Amparano Gámez, previno que casi la mitad de quienes tienen entre 15 y 19 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida; hecho realmente preocupante porque, de acuerdo con la ley, ningún establecimiento tiene permitido vender bebidas con alcohol o cigarros a menores de edad.

Y la Encuesta Nacional sobre las Adicciones (ENA 2011) es de verdadera alarma al advertir que el consumo de drogas ilícitas continua en ascenso; mientras que el uso y abuso de las llamadas “drogas lícitas”, como el alcohol y el tabaco, no sólo creció, sino que ahora es menor la edad de inicio en el consumo y adicción a las mismas.

En un punto de acuerdo que presentó ante la Permanente, que ya analiza la Segunda Comisión, la diputada panista expuso que en la población adolescente se encontró que la ingesta aumentó significativamente, no solo en el número de jóvenes que se iniciaron en el consumo, sino entre quienes lo hacen con frecuencia.

Lo más grave radica en que el consumo de drogas, alcohol y tabaco en edades tempranas, se asocia con pobre rendimiento y fracaso escolar, el desarrollo de trastornos emocionales y de la conducta alimentaria; hechos de violencia como el acoso escolar, experiencias de abuso sexual y embarazo; o con intentos suicidas, problemas de comportamiento y actos antisociales, entre otros.

Alerta que poco más de tres de cada cien niños de 11 y 12 años que cursan 5º y 6º grado de primaria están consumiendo alguna droga; 55 de cada mil estudiantes de secundaria y bachillerato requieren apoyo terapéutico y 1.3 por ciento necesitan tratamiento más especializado: varones, 7.7 por ciento; mujeres, 5.9 por ciento. Así, uno de cada 10 estudiantes de bachillerato urge de ayuda.

Por todo ello, pide exhortar al Ejecutivo federal y a las entidades federativas a que, con la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), lleven a cabo de forma urgente medidas de prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud pública causados por las adicciones en menores de edad.

Destaca que los datos epidemiológicos no sólo muestran un notable crecimiento en las cifras de consumo, también en la afectación que tiene en la salud física y mental, en la dinámica familiar y en la sociedad. “Este impacto afecta especialmente a los menores de edad, ya que es mayor el número de infantes que consumen a edades cada vez más tempranas”.

Se estima que el aumento en las cifras de consumo se mantendrá como resultado de la aceptación social que, de manera creciente, están teniendo los menores hacia las drogas, pues “cada vez disminuye la percepción de riesgo que tienen hacia éstas”. Por ejemplo, hacia la mariguana 30 por ciento de los menores considera que no es peligroso su consumo.

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones del país muestra la relación que tiene el consumo con actos antisociales, especialmente en menores de edad. En las instancias de justicia que atienden a menores en conflicto con la ley, se registra que el 24.3 por ciento de ellos cometió un delito bajo la influencia de alguna sustancia. El robo fue el ilícito más cometido.

Anota que los grupos de ayuda mutua y los centros especializados de tratamiento reportan un incremento en la demanda de atención para menores con problemas de consumo, incluso desde los 10 años, y no reciben atención porque los servicios disponibles están diseñados para atender a personas de mayor edad.

“No se dispone de modelos ni espacios para el tratamiento, en régimen de internamiento, y los centros especializados para la atención de menores con problemas de consumo son prácticamente inexistentes”.

Así, plantea implementar políticas públicas, a fin de reforzar la detección y tratamiento en menores de edad, así como los programas de prevención de adicciones, para evitar que los menores inicien el consumo de drogas legales como tabaco y alcohol e ilegales, y fortalecer las capacidades de la Federación y de los estados para atender al número creciente de menores de edad.

Considera vital trabajar en un andamiaje estructural y planes pilotos a nivel federal, para controlar y prevenir las adicciones en niños y jóvenes, que considere fortalecer las medidas de vigilancia epidemiológica de las adicciones, para determinar el impacto del problema en menores de edad, a través del Observatorio Mexicanos en Alcohol Tabaco y Otras Drogas (Omextad).

Que se destine un porcentaje de camas en centros gubernamentales de tratamiento de adicciones, para atender a menores con esos problemas y a sus familias; canalizar recursos a centros con modalidad residencial; y fortalecer modelos y herramientas terapéuticas del sector salud y órganos de justicia que atienden a menores en conflicto con la ley cuando sufren alguna adicción. Esto no es para mañana, es para ayer…

Otros conflictos de infantes… En México, cinco de cada 10 niñas, niños y adolescentes acusan que en su escuela se discrimina diariamente. Además, el 63 por ciento dicen haber sido castigados con un golpe o jalón de cabello como método correctivo por algo que hicieron; reporta la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la plataforma digital “Participa”, en la sección especializada para niñez y adolescencia, elaborada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), se conoce la opinión de quienes tienen de 6 a 17 años de edad sobre temas de interés nacional.

Revela que este sector poblacional considera que la discriminación es constante en sus entornos: 40 por ciento opinan que la principal causa es el tono de piel; 24, por alguna discapacidad; y 16, por pertenecer a un grupo indígena. Así, 50 de cada 100 dicen fueron molestados con palabras ofensivas, amenazantes o violencia física, principalmente por compañeros del entorno escolar.

En tanto, 35 por ciento de niñas, niños y adolescentes denuncian que su centro de salud o clínica les queda lejos de su hogar; y 47 de cada 100 añaden que el servicio recibido es lento. Así las cosas, si revisamos la relación entre este y el anterior asunto, gobierno, legisladores y sociedad tenemos mucho qué hacer…

 

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¿Compro o no compro?: ventas a la baja

Martes, 25 de Julio de 2017 00:09 administrador
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¿Compro o no compro?: ventas a la baja

He aquí una serie de preguntas: ¿Cómo es su situación económica y la de su familia  actualmente  comparada con la de un año antes? , ¿La situación económica esperada dentro de 12 meses, respecto a la actual?, ¿La situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses.?,  ¿ La situación económica del país esperada dentro de 12 meses, respecto a la actual situación.? Y finalmente ¿Cómo considera las posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar comparadas con las de hace un año para realizar compras de bienes durables, tales como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos?

En cada una de las cuatro primeras preguntas usted tiene cinco opciones de respuesta: mucho mejor, mejor, igual, peor y mucho peor. En la quinta pregunta las opciones son: mayores, iguales y menores.

Todo el ejercicio anterior corresponde a la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) aplicada en 32 ciudades y se lleva a cabo durante los primeros veinte días de cada mes, tiene como base una muestra de 2,336 viviendas urbanas a nivel nacional, en las que se entrevista personalmente al informante (mayores de edad).

El Índice de Confianza del Consumidor se calcula con base en los resultados de la ENCO que recaban de manera conjunta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México. Si usted contestó que la situación presente y futura es peor o mucho peor coincide con los resultados que durante el 2017 los consumidores han reflejado.

Durante junio, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) mostró una reducción mensual de 0.8% en términos desestacionalizados. En su comparación anual, el optimismo de los consumidores registró una caída de 6.8%, la tendencia desde el 2013 es a la baja demostrando con ello que la debilidad de la economía familiar.

Analizando las preguntas que integran a la ENCO tenemos una clave para resumir su importancia, en términos de consumo, pues si la situación económica de cualquier hogar es mala lógicamente no hay posibilidades de comprar repercutiendo en la economía del país.

Si la confianza del consumidor sube impulsa la expansión económica ya que los consumidores gastan provocando que las empresas calculen producir más bienes y servicios, los bancos esperan dar más  crédito y los gobiernos al recibir más impuestos por consumo (IVA) realizan más gasto de inversión, en  programas sociales e infraestructura.

Pero como en el caso de México si el consumo va a la baja sucede lo contrario, el mercado de productos duraderos como casas y automóviles; productos y servicios caros como viajes, educación privada, seguros etc, planifican la baja de ventas, dándose un efecto en dominó, los bancos reducirán la concesión de préstamos, hipotecas y tarjetas de crédito y los gobiernos “se aprietan el cinturón”.

 

Así la situación nos resta como comerciantes y empresarios vigilar el comportamiento del consumo y planificar estrategias en torno a ello y como familia hacer gastos prudentes, pensados en el futuro y con mesura ante las ofertas tentadoras, de bienes y servicios que atraen deuda justo a mitad del año.

 

Fallas Del Nuevo Sistema De Justicia Penal

Domingo, 16 de Julio de 2017 16:54 administrador
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POR: Norberto Olin Barquin

Las fallas del Sistema de justicia penal en México se resumen en un dato contundente el 90 % de impunidad, por lo que hacía falta una reforma que atacara de fondo las causas del problema y con ello la migración a un sistema oral y más expedito prometía ser la solución.

Desafortunadamente la realidad es otra y ya es evidente que los antiguos problemas persisten,  tardanza en los juicios y resultados adversos para las víctimas,  han sido muchas las voces que han levantado la voz, incluso el Jefe de Gobierno de CDMX Miguel Ángel Mancera advirtió que se liberaron 12 mil reos de la prisión preventiva  o que se encontraban pugnando una pena gracias al Nuevo Sistema.

Para entender dicha situación hay que conocer cómo opera el Sistema e ir calificando sus debilidades: supongamos que una persona comete un delito ejemplo un robo de casa habitación y la policía lo sorprende en el acto, lo llevan a  “barandillas” y  se tienen hasta 48 horas para que sean remitidos al Ministerio público (MP).

Con el MP se lleva a cabo la primer audiencia que se llama de “Control de detención” cuyo propósito es determinar si la detención fue legal o ilegal  y explican al detenido el motivo de su detención y se continua a la siguiente etapa “la formulación de la imputación” donde se determina si te vinculan o no a proceso es decir, pueden resolver la situación jurídica en el momento, en 72 horas o 144 horas  para mostrar pruebas de inocencia.

El tiempo lo utiliza el defensor para evitar vincular a proceso pudiendo probar la inocencia del imputado antes de un juicio; si el Ministerio Público no reúne pruebas suficientes de la culpabilidad puede salir libre o si el defensor tiene pruebas irrefutables contra las presentadas por el MP.

Los delincuentes salen libres por culpa del Ministerio Público o de los policías pues si en la “cadena de custodia” se hace llegar de pruebas de manera errónea una prueba puede ser desestimada.

Las fallas de los MP se pueden explicar por la falta de capacitación y la carga de trabajo que es demasiada, son incontables los casos que deben estudiar colocándolos  en desventaja frente a los defensores que se dedican a un solo caso cuando son particulares, aquí  la más grande debilidad del sistema.

Volviendo al ejemplo de robo en fragancia se procede a Prisión preventiva oficiosa es decir de manera automática, el feminicidio, el homicidio, violación, entre otros crímenes lo ameritan también, si fuese otro delito como violencia familiar  sin agravantes se aplica el criterio del Juez de control respecto a medidas cautelares justificadas por el Ministerio público dictando firma periódica, una cantidad de dinero en garantía o prisión preventiva. En este caso también es responsabilidad del MP evidenciar la peligrosidad el del delincuente.

A lo anterior sigue el plazo de cierre de investigación complementaria que puede llegar hasta 6 meses y se puede dar una salida alterna como el acuerdo reparatorio o que el delincuente acepte la versión del MP (procedimiento abreviado).

Si el delincuente se vincula a proceso entonces se lleva a cabo la audiencia intermedia que tiene por objeto aceptar o negar medios de prueba testimoniales y documentales que se presentarán posteriormente en el juicio oral.

Con la apertura del juicio oral, el tribunal de enjuiciamiento conformado por un juez presidente, un juez relator y un juez tercer integrante inician audiencia de debate, audiencia de fallo, la individualización de sanciones y reparación del daño y finalmente, lectura y explicación de sentencia en caso de ser condenatorio, posteriormente puede apelar en segunda instancia.

Como pueden ustedes darse cuenta otra debilidad es que el juicio también es muy tardado y si a esto sumamos la presunción de inocencia (la carga de la prueba es del MP) tenemos un sistema con los mismos vicios que el anterior.

En una iniciativa bajo el título Justicia sin Pretextos firmada por 50 principales Asociaciones civiles en México  (entre ellos Artículo 19 y México Unidos contra la delincuencia)y 44 actores sociales concluyeron después de un estudio, lo siguiente: “podemos detectar actuaciones con poca o nula calidad que evidencian la falta de capacidad de los operadores del sistema: juez, ministerio público, defensores, asesores jurídicos y policías”.

Para finalizar hacen un llamado el cual opino que todos los ciudadanos debemos sumarnos: Que no se dé marcha atrás a un proceso de democratización de la justicia en México; No olvidar que como sociedad civil organizada contribuimos también a la correcta implementación del sistema de justicia penal; Que se aplique de manera correcta y eficaz la ley; y Se fortalezcan las instituciones encargadas del nuevo sistema de justicia penal .

 

 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS EN MÉXICO, UNA NUEVA REALIDAD

Domingo, 16 de Julio de 2017 16:53 administrador
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(1ª parte)

A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en 2014, tenemos en México distintos tipos de procedimientos penales:

1) El ordinario que se sigue a persona física por la comisión de hechos delictivos.

2) El proceso contra personas inimputables, en el que se encuentra prohibido acudir a un proceso abreviado; y los especiales.

3) Contra miembros de pueblos o comunidades indígenas.

4) La acción penal por particulares, con lo que se rompió la hegemonía del Ministerio Público respecto del ejercicio de la acción penal.

5) El que ocupa en este trabajo: contra las personas jurídicas (empresas).

La novedad de procesar a las empresas no sólo rompe con el aformismo latino societas delinquere non potest, consigo se avanza en la idea que sólo las personas físicas cometen delitos, ya que las personas jurídicas no tienen voluntad para actuar por sí solas.

Es por ello que, a partir de la publicación del CNPP en marzo de 2014 y sus reformas de junio de 2016, se ha marcado un hito en la historia del proceso penal mexicano, en el que no sólo permite de manera hegemónica y ordenada la implementación en todo el país del sistema acusatorio-oral en materia penal; con ello, se estandarizan los procesos penales en todas las entidades federativas y la federación, además de que, por vez primera, se permite que en México se pueda hablar de la posibilidad de enjuiciar penalmente a las personas jurídicas cuando cometan o participen en la comisión de un delito, lo que constituye una novedad que pone al país ad-hoc con otras legislaciones penales en el ámbito internacional.

La manera en que puede imputarse responsabilidad a las empresas será conforme a dos posibilidades: la primera, mediante un modelo de transferencia de la conducta culpable de uno de sus miembros directivos o empleados, en su nombre, respecto de los fines de la empresa y con el fin de beneficiarla, y la segunda, por defecto en la organización; esta última implica no haberse ejercido sobre ellas el debido control que corresponda.

Esto ha sido creado sobre la necesidad de responsabilizar a las empresas de conductas corruptas que afectan la economía del país o generan competencia desleal, así como por la participación de las empresas al facilitar con sus recursos o medios conductas delictivas graves, como la trata de personas, delitos fiscales, delitos ambientales, lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de drogas, entre otras.

El fenómeno de la delincuencia organizada en nuestro país y en el mundo, y los temas cada vez más alarmantes de corrupción, fueron razones apremiantes para que en nuestro país se incluyera la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y esa misma razón es la que obliga a que en las entidades federativas trabajemos en este tema en los poderes legislativos para adecuar nuestras leyes penales, además de que resultan de una obligación contraída por el Estado mexicano mediante normas internacionales que has sido suscritas: la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, 2000, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 2004, así como sus protocolos facultativos sobre tráfico de personas, armas y droga.

Lo que se busca frenar con la incorporación de un régimen de responsabilidades penales a las empresas es:

1) Evitar que sean usadas como vehículos o medios en la comisión de los delitos.

2) Evitar y sancionar los temas de corrupción.

Como ejemplos de esto, dejamos uno donde una gasolinera venda combustible robado y otro donde directivos de una empresa constructora entregan a funcionarios públicos “un moche” por asignarles una obra pública haciendo fraudulento el proceso de licitación, lo cual encarece la obra pública, impide la competitividad entre las empresas y genera obras de mala calidad.

Esto debe ser tomado en cuenta en la actualidad para acelerar las normas anticorrupción en las entidades federativas en las que aún no se cuenta con leyes penales que incluyan procesos penales contra las personas jurídicas.

Alfonso Verduzco

Secretario de Estudio y Proyecto de la Segunda Sala Penal del TSJEH

 

Twitter @AlfonsoVerduzco

 


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