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ESCRIBIENDO DERECHO

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Sistemas penales acusatorios:

¿qué se espera del juez? (Segunda Parte)

En Estados Unidos, los juicios orales nacen paralelamente con la creación del estado federado que es; por lo tanto, la sociedad norteamericana se ha desarrollado en el marco de la cultura de la legalidad y el respeto irrestricto a sus instituciones. En el caso de los jueces, destaca desde los criterios de aceptación para ingresar a las universidades para estudiar la carrera de Leyes, hasta el privilegio que representa ser juez, cargo que es vitalicio, lo que da seguridad laboral, así como percepciones económicas suficientes. Para ser juez, hay dos vías: a propuesta del Presidente con aprobación del Senado o del Gobernador, dependiendo si se trata de juez  federal o juez estatal; o bien, por elección popular, donde la ciudadanía escoge directamente a sus jueces, lo que les da legitimidad. Destaca la ética judicial, como eje rector en el actuar del juez y de los intervinientes en los juicios, pues es muy alto el costo que se tiene que pagar, para quien no la respete, llegando incluso a la posibilidad de la pérdida del puesto y la prohibición del desempeño profesional.

En Chile, el sistema acusatorio adversarial y la figura de los jueces orales, surge de la coyuntura que representó finalizar con la dictadura militar, para dar paso a la democracia, buscando transformar el juicio escrito y secreto por algo nuevo: los juicios orales y públicos, donde la sociedad se diera cuenta de los motivos que el juez tiene para resolver. A diez años de la implementación del sistema, los juicios son muy dinámicos y la percepción de los chilenos resulta positiva para con el nuevo sistema. Se privilegió la capacitación; los jueces entran al sistema por méritos, estando obligados a llevar al menos un curso de capacitación al año; se han establecido cursos de habilitación para la carrera judicial, y se aumentaron los ingresos económicos de los jueces.

El caso de Colombia fue diverso. El narcotráfico y la lucha de los cárteles por el poder, la guerrilla y los paramilitares, colapsaron el sistema, de modo que hubo que tomar medidas drásticas para dar batalla frontal a la delincuencia. Iniciaron con jueces sin rostro, que resultó un gran fracaso, ya que no había seguridad para éstos, porque todos sabían quienes eran los jueces. Así se decidió que era mejor con procedimientos limpios, con el juez dando la cara a la sociedad, respetando los derechos fundamentales, con la ciudadanía vigilante, mirando en todo momento el actuar de los jueces, y con la obligación del Estado de otorgar la protección necesaria a los operadores del sistema, entre ellos a los jueces. Así es como en el año 2002, se da la reforma constitucional, el código de procedimientos penales es del año 2004, y el sistema acusatorio inicia formalmente en el año 2005 por regiones, hasta implementarse gradualmente en todo el país. El método de selección para juez, inició buscando la designación por concurso, pero como hay pocas personas elegibles, los magistrados son los que proponen al juez; sin embargo, esta forma resulta viciada, porque el candidato se siente comprometido con quien lo propone y esto le resta credibilidad. No obstante ello, destaca preponderantemente el carácter garantista de los jueces colombianos, que defienden y velan por el respeto de los derechos fundamentales, aun en contra de los cuestionamientos públicos.

A mi juicio, lo anterior sirve como una guía de los valores y características que deben prevalecer en la figura del juez, aunque finalmente los mexicanos somos quienes vamos a determinar el perfil del nuevo juzgador, ajustándolo a nuestra realidad social, política, económica, cultural, tradicional y generacional, sin olvidar la capacitación continua, el respeto a las garantías fundamentales consagradas constitucionalmente y en los tratados internacionales, privilegiando la aplicación de los principios de debido proceso, publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación, igualdad, desarrollado todo en el marco de la oralidad, que rigen a los sistemas acusatorios adversariales, así como las percepciones económicas dignas y acordes a la responsabilidad que implica el ejercicio de la función jurisdiccional.

Concluyo precisando que para el funcionamiento adecuado del sistema penal acusatorio en México, debemos iniciar rompiendo paradigmas y cambiando la mentalidad, partiendo del hecho que prevalece el principio de presunción de inocencia, que la prisión preventiva tiene carácter excepcional y que hay igualdad de armas entre los intervinientes; pero sobre todo, que más allá de recursos y presupuestos, debe existir la firme convicción de querer el cambio en nuestro sistema de justicia penal y creer firmemente en él.

Mtra. Norma Sandra Barrones Castillo

Juez  de Oralidad  de Primer Circuito en  Pachuca

 


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