Supervisión en el Servicio Público
Pachuca, Hgo., 25 de septiembre de 2024.- En el marco de un compromiso renovado con la transparencia y la integridad, la Contraloría encabezada por Álvaro Bardales, realiza un exhaustivo proceso de revisión de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
La aplicación del régimen de responsabilidades administrativas para los servidores públicos es un pilar fundamental para garantizar el buen desempeño y la ética en la administración pública. De acuerdo con las leyes pertinentes, estos procedimientos están diseñados para salvaguardar principios clave como la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de sus funciones.
El proceso comienza con la recepción de denuncias, que pueden surgir de diversas fuentes, y sigue con una investigación detallada para evaluar la responsabilidad de los servidores públicos implicados. Esta investigación incluye la substanciación de diligencias y culmina con la emisión de una resolución que clasifica la falta administrativa como grave o no grave. La medida disciplinaria correspondiente se basa en la naturaleza y la gravedad de la infracción
Las sanciones aplicables por actos u omisiones indebidas se establecen claramente, y su implementación se realiza a través de procedimientos rigurosos que determinan las autoridades competentes y los pasos a seguir.
Durante el año 2024, la Contraloría maneja 351 informes de presunta responsabilidad. Estos informes abarcan desde la recepción inicial de la denuncia hasta la emisión final de una resolución, lo cual refleja el compromiso continuo de la dependencia con la regulación adecuada de las conductas del personal al servicio público.
La gestión activa de estos procedimientos tiene como objetivo principal promover un entorno de trabajo público más íntegro y transparente, lo que asegura que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones de manera eficiente y ética. La Contraloría desempeña un papel importante en la implementación de medidas disciplinarias y en el fortalecimiento de la confianza pública en la administración gubernamental.
Este enfoque proactivo no solo contribuye a la correcta administración pública, sino que también refuerza la responsabilidad y la rendición de cuentas dentro del servicio público, con el compromiso de la administración con los estándares más altos de conducta y desempeño.
