Ciudad de México. 25 de octubre 2024.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que se ajustaron las remuneraciones de ministras y ministros, así como de los servidores públicos de mando.
Esto, cumpliendo la orden de la reforma judicial en la que se declara que deben ganar menos que la presidenta de la República.
Con ello, el presupuesto para el 2025 del máximo tribunal, fue aprobado y será enviado al Poder Ejecutivo, para luego remitirse al Congreso para su debate y aprobación.
Se solicitó un total de 4 mil 813 millones de pesos para cubrir remuneraciones y prestaciones, además, las liquidaciones de aquellos funcionarios que decidan no participar en la elección judicial sumando 5 mil 922 millones de pesos para su operación en 2025.
Lo que representa una disminución de 1.4%, comparado con este año.
Al respecto la ministra Lenia Batres, quien, a través de su cuenta de X, compartió que lo dicho en los medios “no es verdad”.
La ministra de la SCJN Lenia Batres publicó: “La remuneración de ministros y ministras para 2025 será de 5 millones 325, 949 pesos, 49% más que las remuneraciones de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.”.
Todo esto se añade a las fotografías de los presupuestos donde declara que algunos conceptos son ajenos a las funciones de la Suprema corte, mismo que incrementan y no cuentan con una explicación.
El Pleno de la SCJN acaba de aprobar su presupuesto, de 5,923 millones de pesos para 2025; 135.8 millones, 2.3%, por encima del autorizado el año pasado. Después de tres sesiones de discusión, no se realizó una sola modificación derivada de las observaciones presentadas.
Básicamente, observé: 1. Se mantiene la remuneración inconstitucional de ministros y ministras. No se transparenta la totalidad de conceptos que la integran. Se suprime únicamente el pago de riesgos y se siguen incluyendo conceptos expresamente prohibidos por la Ley. 2. No hay medidas de austeridad. Por el contrario, incrementan de manera desmedida e injustificada diversas partidas, como la de obras. 3. No se menciona nada de los seis fideicomisos que tiene la SCJN (de 14 del Poder Judicial), de los que la reforma constitucional ordena extinguir y entregar sus saldos a la Tesorería de la Federación.