El que un Edil Sea Liberado cuando Paga la Reparación del Daño no lo Exime de Responder si la ASEH Detecta más Desfalcos
Pachuca, Hgo,. 3 de febrero 2025.- La audiencia desarrollada este miércoles 29 de enero en el juzgado de Pachuca, un juez del Poder Judicial de Hidalgo le impuso a Manuel Hernández Badillo ex edil de tula de Allende una sentencia de cuatro años de prisión y el pago de 25 millones de pesos y 200 días multa, como parte del pago de la reparación del daño ocasionado al patrimonio del ayuntamiento de Tula de Allende.Tras el gobernador Julio Menchaca dijo que la aplicación de procedimientos abreviados a exfuncionarios relacionados con la Estafa Siniestra, Julio Menchaca y el pago de la reparación del daño en este caso como en otros, solo corresponde solamente al de un año de auditoría.
Por ello, el mandatario explicó que aún faltan dictámenes de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) sobre recursos públicos ejercidos en otros años, por lo que podrían verse involucrados en demás investigaciones por causas diversas.
Y agregó “Hay que dejar constancia de algo: fue el ejercicio de un año de auditoría, todavía falta lo que diga el auditor superior de lo que tenga que presentar los dictámenes de todos los que ejercemos los ejercicios públicos”.
Así mismo, Menchaca Salazar aseguró que el procedimiento abreviado aplicado en el caso del exalcalde de Tula, procesado por su participación en la llamada Estafa Siniestra, está dentro del marco legal.
Insistió que esto “No es soslayar la impunidad. Esto lo establece la ley, no es algo que hayamos improvisado. Los juicios abreviados funcionan de esta manera”, al ser cuestionado sobre la resolución del caso.
Luego Explicó que, a través de este mecanismo, Hernández Badillo renunció a su derecho a un juicio oral y aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado y uso ilícito de facultades y atribuciones.
Como parte del acuerdo, devolvió 25 millones de pesos, que abonaron al total de 104 millones de pesos recuperados por el gobierno estatal en relación a la “estafa siniestra”.
Por último, Menchaca Salazar insistió en que el objetivo principal es restituir los recursos desviados y destinarlos a necesidades prioritarias del estado. Al tiempo que aseguró “Aquí lo que se pretende es el bien mayor y poder utilizar esos recursos en tantas necesidades que tiene el estado”.
