La PGJEH Inicio Procedimiento de Extinción de Dominio Contra César Román Mora Velázquez, Ex contralor de Omar Fayad
Pachuca, Hgo., 12 de febrero 2025.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició procedimiento de extinción de dominio contra César Román Mora Velázquez, excontralor durante el gobierno de Omar Fayad Meneses para la recuperación de 501 mil 26.97 pesos, presuntamente vinculados a actividades ilícitas.
El procedimiento de extinción de dominio está vinculado a crímenes graves, como delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, según información oficial. Para que el proceso sea válido, el Ministerio Público deberá demostrar que los recursos financieros fueron obtenidos a través de actividades ilícitas y que César Mora estaba al tanto de las mismas.
Así mismo la notificación del proceso se realizó a través de un edicto publicado el 10 de febrero en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), debido a la imposibilidad de localizar al exfuncionario en su domicilio. Donde se detalla que el proceso está registrado bajo el expediente 1380/2023 y establece que se emitirán tres avisos públicos adicionales para garantizar su notificación
Por ello, Mora Velázquez deberá presentarse ante el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Pachuca en un plazo de 30 días hábiles a partir de la última publicación del edicto. Deberá acreditar su interés jurídico y presentar su defensa. En caso de no hacerlo, el procedimiento continuará sin su participación.
Además, el excontralor tiene pendiente tres órdenes de aprehensión por su presunta participación en el desvío de 522 millones de pesos de 13 municipios, un caso conocido como la “Estafa Siniestra“. Además, Mora Velázquez cuenta con una ficha roja de la Interpol, lo que implica su búsqueda internacional.
La PGJEH presentó esta demanda el 14 de diciembre de 2023. Desde marzo de 2024, se agotaron las diligencias para localizar al exfuncionario en sus domicilios registrados. En esta fase inicial, el Ministerio Público deberá acreditar que los activos financieros asegurados están directamente relacionados con los delitos mencionados.
